El 2017 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) creó la Comisión Mundial sobre el futuro de Trabajo con el objetivo de trabajar para un futuro más prometedor. Esta fue presidida por el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa y el primer ministro sueco Stefan Löfven. Fue una de las diversas iniciativas que organizó para celebrar el Centenario de la OIT el 2019. El informe vio la luz el 22 de enero de 2019[1].
La Comisión estudió las nuevas formas de trabajo, los cambios advertibles, la inclusión, la igualdad de género y su preocupación por lograr una mayor protección social universal de las personas para que obtengan mayor estabilidad y justicia laboral. En tal sentido recomendó a los Gobiernos del mundo tomen medidas robustas a tiempo para evitar problemas de enorme magnitud como lo será el que muchas personas puedan quedar sin posibilidad de conseguir sustento, con gran incertidumbre y sin oportunidades laborales para sus familias.
Reconoció el Informe que, ante los avances de la inteligencia artificial, la automatización y la robótica, existirá el riesgo evidente que quienes no estén capacitados estarán expuestos a situaciones laborales muy difíciles. Admitió que la ecologización cerrará muchas industrias como también generará nuevos empleos y, por tanto, las personas requerirán nuevos conocimientos y competencias. Asimismo, los cambios demográficos con zonas de aumentos de la población joven y otras con un creciente envejecimiento alterarán los sistemas de seguridad social y los Gobiernos estarán expuestos a situaciones políticas complejas de enorme envergadura, lo que creará alta inseguridad sino se adoptan medidas a tiempo que permitan enfrentar estos cambios demográficos. En consecuencia, sugieren, los Gobiernos deben reforzar el tejido social para crear un futuro más prometedor.
El Informe nos invita a revisar el contrato social entre los gobiernos, los empleadores y trabajadores. Solicita: “Estos actores deben revitalizar el contrato social que asegura a los trabajadores una participación justa en el progreso económico, el respeto de sus derechos y la protección de los riesgos a los que se exponen a cambio de su constante contribución a la economía. El diálogo social puede desempeñar un papel fundamental en garantizar la pertinencia de este contrato con miras a afrontar los cambios en curso si todos los actores del mundo del trabajo intervienen plenamente en él, en particular los muchos millones de trabajadores que están excluidos actualmente”.
Se trata que al centro estén las personas y los gobiernos y las instituciones tengan tres ejes de actuación “que combinados entre sí generarían crecimiento, igualdad y sostenibilidad para las generaciones presentes y futuras”.
Los ejes sugeridos por la OIT[2]:
1)Aumentar la inversión en las capacidades de las personas. Se trata de fomentar el derecho a un aprendizaje a lo largo de la vida que les permita a las personas reciclarse, obtener nuevas competencias para nuevas realidades. Por esto afirma el Informe: “Los gobiernos, los trabajadores y los empleadores, así como las instituciones educativas, tienen responsabilidades complementarias a la hora de generar un ecosistema de aprendizaje a lo largo de la vida que sea efectivo y cuente con la financiación adecuada”.
Es importante aumentar las inversiones en las instituciones que educan personas para que tengan los recursos para enfrentar el cambio científico y tecnológico. Estas deberán abrir de manera creciente sus aulas a estudiantes de mayor edad. Así también fomentar la igualdad de género para que las mujeres puedan enfrentar los enormes cambios en desarrollo. Afirma el documento que el mundo del trabajo empieza en el hogar: “Desde las licencias por paternidad hasta la inversión en servicios públicos de cuidados, las políticas han de promover que se comparta la prestación de cuidados no remunerados en el hogar para crear una auténtica igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo. El fortalecimiento de la voz de las mujeres y de su liderazgo, la eliminación de la violencia y del acoso en el trabajo, y la aplicación de políticas de transparencia salarial son condiciones para la igualdad de género”. Por último, recomienda aumentar la protección social universal para las personas desde el nacimiento hasta la vejez.
2)Aumentar la inversión en las instituciones del trabajo.
El Informe considera que las piedras angulares para lograr una sociedad justa es fortalecer las instituciones que regulan el trabajo. Incentiva una garantía laboral universal que contenga un salario vital adecuado, horas razonables de trabajo y una mejoría de la salud en el trabajo. Asimismo, fomenta el diálogo entre Estado, empresas y trabajadores para llegar a acuerdos. Por último, “Debería establecerse un sistema de gobernanza internacional de las plataformas digitales del trabajo que exija a estas plataformas (y a sus clientes) que respeten determinados derechos y protecciones mínimas. Los avances tecnológicos requieren también de la reglamentación del uso de datos y de la responsabilidad sobre el control de los algoritmos en el mundo del trabajo”.
3)Incrementar la inversión en el trabajo decente y sostenible.
Se trata de“orientar la inversión hacia infraestructuras materiales y digitales de alta calidad para reducir la brecha existente y apoyar la creación de servicios públicos de valor elevado”. Promueve nuevos modos de medir el desarrollo de los países para que muestren de mejor manera el crecimiento, el valor del trabajo no remunerado que se realiza al interior de las familias y comunidades, y del efecto dañino al medioambiente que puede producir una empresa, aunque sea muy rentable para la sociedad.
El Informe es un insumo pertinente para toda institución educativa porque nos entrega una visión, desde otra perspectiva, respecto a un futuro que nos traerá una subrayada incertidumbre.
[1] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—cabinet/documents/publication/wcms_662442.pdf
[2] Ver Resumen Ejecutivo: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—cabinet/documents/publication/wcms_662541.pdf
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