La discusión del Proyecto de Reforma de la Educación Superior se ha dado a partir de tipologías que confunden y arriesgan hacer buena política pública. El Gobierno ha avanzado en su idea de privilegiar las universidades estatales, diferenciándolas de aquellas de vocación pública no estatales, así como de las denominadas de docentes no tradicionales. Pero ninguna de las categorías previas tiene cortes claros para los objetivos de una política pública orientada a educar en las ciencias y humanidades, a crear competencias para el trabajo, a desarrollar y descentralizar la investigación, o a vincularse con el medio, que son los propósitos que se atribuyen las instituciones de educación superior. Cualquier medición de calidad en cada uno de los objetivos señalados muestra que las tipologías no permiten una separación entre instituciones. En investigación, por ejemplo, dos universidades del Cruch superan largamente a todo el resto; pero hay universidades privadas fuera del Cruch que investigan más que otras que pertenecen a esa misma agrupación. Asimismo, hay universidades fuera del Cruch que realizan mínima investigación, pero cuya docencia de pregrado es superior a otras dentro del Cruch.
Peor aún: una nueva suerte de tipología, particularmente errada y peligrosa, viene emergiendo en la discusión reciente. Esta, mezcla universidades docentes y sin investigación, con los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica (TP). En las palabras de quienes la están instaurando, “si las universidades no investigan, se transformen en instituciones técnicas”.
El Decreto con Fuerza de Ley N° 5 del 6 de febrero de 1981, que dio origen a los Institutos Profesionales en Chile, no proporcionó un concepto explícito sobre lo que entenderíamos sobre educación profesional ni por instituto profesional. Solo señaló que las nuevas entidades estarían facultadas para otorgar títulos profesionales y técnicos de nivel superior y que estos no requerirían de una licenciatura. Para estudiar en IP se exigió solo licencia de educación media, y el mismo DFL estableció los requisitos para poder crear institutos profesionales. Además, deberían someterse a una institución examinadora que debía ser una Universidad para que validara las carreras que se crearían. En el caso de Duoc UC, las examinadoras fueron la Pontificia Universidad Católica de Santiago y la Universidad Técnica Federico Santa María.
La respuesta requiere distinguir lo que está en el fondo, de lo que es accesorio, y lo que es simplemente resultado de una situación de intereses creados. Lo de fondo, es que efectivamente, la naturaleza de las licenciaturas puede ser diferente a la de los títulos profesionales. Si efectivamente las licenciaturas son productos de programas que han implicado, entre otros, reflexión, análisis, desarrollo de la lógica, de las humanidades, de la vinculación causa efecto, y lo profesional no, ahí hallamos una diferencia. Las habilidades desarrolladas en uno u otro ámbito merecen diferenciarse y generan capacidades para, por ejemplo, proseguir distintos tipos de estudios de posgrado.
Reconociendo que en teoría hay algo de aquello, es evidente que lo que hoy diferencia el estudio de algunas carreras en institutos y universidades presenta una línea demarcatoria muy difusa. El principio de “quien puede más puede menos”, inicialmente concebido para universidades que certificaban institutos, hoy no tiene demasiado sentido. Lo que se hace en los buenos institutos profesionales del mundo y a lo que están llamados a hacer todos los institutos en Chile, es sustancialmente distinto a lo que realizan las universidades. Una buena formación profesional genera habilidades no adquiridas en una buena universidad. Además, una buena formación profesional y técnica puede y suele complementarse con formación posterior, que puede ser un máster o nuevos posgrados técnicos.
El hecho que por el mandato del DFL N°5, las universidades sean las únicas habilitadas para ofrecer licenciaturas, y que ello les dé un virtual monopolio legal para que los alumnos accedan a postgrados, es una consecuencia muy negativa de un origen que pudo tener sentido y hoy no lo tiene más.
La concepción de lo que se debe hacer en lo técnico profesional puede obedecer a la competencia por los recursos escasos del Estado, que llama a no pedir recursos para investigación, o simplemente, a la falta de conocimiento. Además de las diferencias de fondo, la formación de calidad en el sector TP es muy costosa. En este sector, la mayoría de los docentes proviene y es bueno que así sea, del mundo productivo, por lo que carecen de formación docente. Por ello, las instituciones de calidad requieren formarlos, diseñar, producir y entregar materiales estandarizados de modo de asegurar que los contenidos conducentes a la formación sean entregados adecuadamente y en forma homogénea. Además, la docencia en lo técnico profesional requiere de práctica, de laboratorios e instrumental moderno, vigente y de muy alto costo.
Hoy los recursos per cápita, proveniente de los aranceles, son para las instituciones TP del orden de 1/3 de las universidades, incluyendo el grupo de las denominadas docentes. Las ayudas estudiantiles per cápita son también del orden de 1/3 en las primeras. Como los aranceles en el sector TP son fuente (casi) única del financiamiento, la diferencia es aún mayor con las universidades estatales que además de aportes fiscales directos, tienen una infraestructura también financiada por el Estado.
La sugerida transformación desde universidades docentes a instituciones del sector TP es imposible sin una transformación fundamental de profesores, infraestructura y recursos. Aunque no sea la intención, el mero hecho de vincular Institutos con las universidades que no investigan degrada a la formación TP y refleja un desconocimiento de un subsector de la educación superior, que es uno de los soportes esenciales del desarrollo futuro.
Ricardo Paredes Molina, Rector Duoc UC
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