Luego de largos e intensos meses de debate nacional, finalmente terminó la discusión en el Congreso sobre el proyecto de gratuidad anunciado por la Presidente de la República el 21 de mayo de este año. Como resultado de ese proceso, si bien se han inyectado nuevas becas al sistema, da la impresión que nuevamente la Educación Superior Técnico Profesional ha quedado postergada. En síntesis, la totalidad de las universidades miembros del Consejo de Rectores, más algunas universidades privadas que cumplan con ciertos requisitos, accederán a la gratuidad. Respecto a los CFT e IP, existirán tres tipos de Beca Milenio y la promesa a tres años de ser tratados como las universidades y su régimen de gratuidad.
Entendiendo que la finalidad última de esta propuesta gubernamental es apoyar la equidad, cabe preguntarse por qué se volvió a postergar el apoyo a un sector donde se concentran los alumnos vulnerables. Para algunos, la responsabilidad es de la oposición y del Tribunal Constitucional, que impidieron que ese apoyo se materializara, al menos para algunos IP-CFT; para otros, la culpa es del Gobierno, por su improvisación, desprolijidad y falta de foco en lo técnico-profesional.
Desde el 2005 la matrícula de los alumnos contemplados en la ley de gratuidad de los IP y CFT ha aumentado en un 160%, mientras en las universidades del Cruch ha crecido en un 35%. En la actualidad el 44% de la matrícula total de la educación superior es IP y CFT, y en la matrícula de inicio hoy ya bordea el 55% del total. Estas cifras demuestran que existe una demanda creciente por la oferta de nuestro sector, que puede estar basada en el formato y modalidad de enseñanza, empleabilidad y rentas que son apreciadas por muchos de los estudiantes más vulnerables del país. Pese a estas cifras irrefutables, el sector no logra conquistar apoyos importantes en la opinión pública, como tampoco en sectores políticos.
La respuesta para esta situación es multicausal. En nuestra opinión, una razón importante es que para los gobiernos del siglo XX la educación técnico profesional no ha tenido la relevancia que debiera. De hecho, se podría decir que ha sido considerada como la “pariente pobre” de la educación superior. Basta con ver la escasez de recursos económicos que se han destinado para sus estudiantes, el desdén por su evolución y contribución al país, y la escasa propuesta de políticas públicas específica para la ESTP.
Sin embargo, con altura reconocemos, que también el mundo técnico profesional ha colaborado directa o indirectamente para que se haya producido esta cierta indiferencia hacia su aporte al desarrollo del país. Algunas de las más importantes responsabilidades son:
a) El rol y contribución de la educación técnico profesional no es suficientemente conocida ni ha logrado sensibilizar a la élite ni al público general del país, que percibe a este espacio educativo como de inferior calidad y formación que los estudios universitarios. Por ello resulta indispensable realizar esfuerzos sistemáticos y consistentes para mostrar el aporte que realiza el sector, no solo a los estudiantes que eligen formarse en él, sino también a industrias y áreas importantes para el desarrollo de nuestro país. Asimismo, también que esta información llegue efectivamente a los sectores que influyen en la elaboración y toma de decisiones públicas.
b) En general, los directivos, académicos e intelectuales que se dedican a la educación técnico profesional en Chile le han dado una escasa valoración al trabajo académico teórico que muestre evidencias y por tanto que defienda con solidez su propio trabajo formativo. Existen escasas publicaciones que expliquen su trabajo y resultado de la formación técnico profesional en nuestro país, que recoja las virtudes similares montadas en otras partes del mundo y que en definitiva demuestren la validez de este tipo de proyecto educativo.
Se requiere por tanto fomentar e incentivar la investigación aplicada al ámbito técnico-profesional, que permita posicionar con mayor fuerza su aporte al desarrollo del país.
c) También es relevante considerar la calidad, como elemento central de validación del sector. Se debe reconocer que no todas las instituciones de la ESTP han dedicado los esfuerzos que requiere la responsabilidad de formar alumnos que, en muchos casos, no han tenido las posibilidades de una buena formación escolar; que provienen de entornos vulnerables y quizás son primera generación en la educación superior; o que quizás estudian con mucho esfuerzo en jornadas vespertinas, manteniendo los trabajos que les permiten sostener a sus familias. Algunas han visto en este sector un campo fértil para realizar “buenos negocios”, privilegiando su propio resultado y aprovechando la disposición de recursos del Estado, en desmedro del foco en una formación de calidad.
En este escenario de discusión pública, no debería sorprender lo acontecido en los últimos días. Es verdad que, al menos se obtuvo un mejoramiento importante de las Becas Milenio, en sus versiones 1, 2 y 3 y que en un plazo de tres años se promete disponer de los mismos beneficios de gratuidad, que para el 2016 tendrá un porcentaje cercano al 30% de los estudiantes universitarios. Sin embargo, como se señaló con anterioridad, pareciera que la falta de foco y prioridad del sector ha tendido a proyectarse.
Todo lo ocurrido nos debería estimular para fortalecer nuestra participación en el debate público y a desarrollar vinculaciones con el medio múltiples y efectivas, en la línea de lo sugerido en variadas oportunidades por el Rector Ignacio Sánchez Díaz de la Pontificia Universidad Católica que ha solicitado más investigación y asistencia técnica al país, y de nuestro Rector Ricardo Paredes Molina, quien en el actual debate hizo esfuerzos importantes por defender este espacio educativo y a nuestros estudiantes, dado que estimaba que legítimamente poseían alta prioridad para ser apoyados por la política pública de gratuidad.
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