Mucho se ha escrito sobre el financiamiento de la educación técnico profesional. Aunque menos que los numerosos estudios sobre el financiamiento universitario. Se pueden formular numerosas interrogantes, pero la pregunta central es quién debe cubrir los costos de una formación de este tipo. La respuesta en América Latina no es única y depende del país que se mire y estudie. Hasta la década de los ochenta del siglo pasado en Chile, la ESTP fue considerada un servicio público y luego pasó a ser un bien transable y sujeto a las leyes del mercado.
De acuerdo a un informe de la Contraloría General de la República del 2012, el financiamiento fiscal a estudiantes de IP y CFT alcanzaba la cifra de 160.000 millones de pesos. Esta cifra corresponde al 21,2 % del gasto total del Estado de este año en educación superior. Se estima como un pobre financiamiento si consideramos que ese año la matrícula total de la ESTP ascendía a un 40% de todo el sistema.
Si observamos algunas cifras de inversión en educación superior, nos mostrará en qué estado está la educación técnico profesional. De un total de $ 1.076.161.371 de dólares que el Estado invirtió en educación superior el 2012, el 69,9% fue asignado a estudiantes y un 30,1% a las instituciones educativas. De estos mil y tantos millones, los IP recibieron un 10 % y los CFT un 5,3 %. De la cifra recibida por los IP, el 97,8 benefició directamente a los estudiantes y sólo el 2,2 % directamente a las instituciones. En el caso los CFT, el 94,4 % se dirigió a los estudiantes y el 5,6 % a las instituciones.
Al examinar los créditos y becas de arancel del 2012, comprobamos que los CFT se llevaron el 3,4% y los IP el 14,3 % de los créditos. El resto benefició a universidades estatales, universidades privadas, universidades no estatales del Consejo de Rectores y las FFAA. Con respecto a las becas de arancel, los IP se adjudicaron el 11,9 % y los CFT el 10, 5%. El 77,6% restante lo recibieron alumnos universitarios.
Hoy también se formula la siguiente pregunta ¿A quién beneficia la ESTP? De acuerdo a esto, la respuesta y la fórmula de su financiamiento son diversas. Si es la empresa, entonces ésta paga; si es el trabajador con aumento de sus ingresos, entonces paga él, y si se favorece a la economía como un todo, se estima que debe pagar el Estado. Aquí está el quid político y técnico de la cuestión.
Sabemos que el Estado interviene invirtiendo en capital humano y es de su obligado interés el hacerlo para beneficio de todos. Ahora ya no solo compra infraestructura, sino que también compra capacitaciones. Esta tendencia es visible en Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay desde la década de los noventa y hoy se observa en todos los países del continente americano. También se ha dado la modalidad de incentivos fiscales por medio de franquicias tributarias como en los casos de Chile, Argentina, Brasil y Colombia.
Esta compra de paquetes de capacitación pagados por el Estado ha impulsado al sector privado a presentar diversas ofertas formativas, dado que el Estado con sus propias instituciones no ha sido capaz de cubrir la demanda. De tal modo que en los últimos treinta años han surgido numerosas instituciones formativas particulares en América Latina. En Brasil si examinamos PLANFOR, son más de 20.000 instituciones; en Colombia, ya van más de 700 instituciones capacitadoras. Muchas de ellas ligadas a gremios, sindicatos o cámaras empresariales.
También es visible la cooperación internacional para financiar instituciones educativas de la ESTP. Es visible el apoyo del BID y del Banco Mundial con créditos incluso a instituciones de educación privada. De hecho, Duoc UC se vio en el pasado beneficiado por un crédito para el financiamiento del mejoramiento de su infraestructura.
Sin embargo, aún sigue sin resolverse de manera estable el financiamiento de este tipo de educación. De hecho, los gobiernos se muestran más sensibles de apoyar la educación universitaria postergando injustamente a la ESTP. Esta situación es esperable que se modifique con el tiempo en la medida que sus alumnos que pertenecen a la clase media y más a los sectores más vulnerables, sean objeto de mayor preocupación por su situación de parte de las autoridades políticas de turno. Asimismo, la matrícula de este tipo de formación avanza en demanda de manera muy intensa y creciente y ya en algunos países supera a la educación propiamente universitaria. Poco falta para que la matrícula total del sistema supere el 50 % y se acerque a los estándares propios de algunos países de la OCDE.
Existe un hecho irrefutable: la ESTP concentra los alumnos de los tres primeros quintiles de ingresos. Pese a ello, está probado que son los que reciben menor aporte estatal para cubrir sus estudios. Hoy existen las becas Nuevo Milenio, pero son insuficientes dado que no reconocen la particularidad de estos alumnos y que es su situación personal de trabajar y estudiar simultáneamente. Si el alumno trabaja, no es sujeto de beca. Y esto se vuelve más incomprensible si sabemos que la productividad futura del país depende sensiblemente de que los CFT e IP logren titular a un número de técnicos suficientes para cubrir la real demanda futura de las empresas. En definitiva, el Estado al apoyar a los estudiantes de la ESTP, claramente está invirtiendo en el crecimiento competitivo del país.
Por todo lo anterior, es necesario y de debida justicia equitativa que los estudiantes de la ESTP posean al menos un trato similar al de los universitarios en todos los sentidos: montos, tasas de interés, becas, créditos. Y las exigencias para la ayuda estatal deberían ser socioeconómicas, rendimiento académico y la acreditación estatal de las instituciones formadoras, sean estas IP o CFT.
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