Desde hace algunos años observamos un crecimiento muy significativo de los matriculados en la educación terciaria. La novedad es que en los últimos tres años, los IP y CFT superan en demanda de matrículas de inicio a las universidades, si bien no todavía en la matrícula total del sistema. Aunque todos están de acuerdo en que es cosa de tiempo para que la participación técnico-profesional supere a la universitaria.
Las cifras son elocuentes. La matrícula total del pregrado en 2013 fue de 1.114.640. Las universidades poseen 707.934; los IP 332.488 y los CFT 144.383. Entre el 2009 y el 2013 la matrícula de los IP ha crecido en un 75,3 % y la de los CFT en un 31,2 %. Por otro lado, el 2010 por primera vez la matrícula de inicio de los IP y CFT llegó a un 50,1 % del ingreso total y, el 2013, ascendió a un 55,8% de la totalidad de ingresados a la educación superior. Es decir, de los 343.613 matriculados el año pasado, 191.576 eligieron los IP y CFT y sólo 152.037 a las universidades (datos obtenidos de SIES).
Pese a esta realidad manifiesta, todavía las políticas públicas ponen más interés en las demandas de los estudiantes universitarios, aunque la mayoría de los matriculados en la educación técnica y profesional pertenezcan a los estratos C3 y D, es decir los de menores recursos. Las razones para explicar esto son variadas: existen dudas sobre la calidad de la oferta académica; todavía no se reconoce debidamente como vehículo de movilidad social; los que se desempeñan como líderes y docentes de la educación vocacional en general mantienen un perfil bajo y no participan activamente en los debates públicos; estos estudios poseen una evolución histórica reciente comparada con la historia de las universidades; los alumnos y alumnas de los IP y CFT son más bien pasivos en su participación con respecto a los de las universidades y, la mayoría trabaja y no tienen tiempo como para dedicarle tiempo a los aspectos de políticas y demandas estudiantiles.
Las investigaciones en todo el mundo avanzan en estudiar la naturaleza de este tipo de formación para el trabajo. Se reconoce ciertas ventajas propias como por ejemplo: su obligatoriedad de pertinencia con las necesidades presentes y futuras del mundo laboral; su vigencia como verdadero vehículo de movilidad social para la clase media y la población de menores recursos; el enfoque práctico y distintivo de su oferta académica respecto al de las universidades, que es más teórico y academicista; la mayor flexibilidad para responder con nuevos formatos y carreras que recogen las demandas de competencias de las empresas; sus posibilidades de modularización que ayuda a que los estudiantes puedan entrar por períodos cortos para aprender especialidades concretas, y luego volver a ingresar a estudiar otras.
La educación técnica profesional puede estar contenta de poder percibir una alta demanda por sus servicios docentes y formativos. Sin embargo, debe estar atenta a que esa demanda le implica mayores obligaciones en la calidad de su preparación, y en la necesidad de legitimarse demostrando su pertinencia. De esta manera, no aumentarán las carreras que la legislación chilena comience a considerar como privativas de las universidades. Porque en el fondo cuando se empieza a pensar que ciertas carreras no debieran ser dictadas por los IP y CFT, lo que hay detrás son dudas fehacientes sobre la capacidad que tiene la educación superior técnico-profesional para poder dictarlas con la seriedad mínima que el país necesita.
Hay grandes desafíos hacia adelante respecto a la naturaleza de los estudios; se requiere avanzar en mecanismos e instrumentos que garanticen la pertinencia y eficacia para lograr aprendizajes; mejorar y tipificar a los docentes; aumentar la autoestima de los estudiantes; pensar e investigar sobre las diferentes tareas, administrativas, de extensión, de innovación, de desarrollo, etc. No solo se requiere seriedad en el quehacer y exponerla ante la sociedad.
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