El Ministerio de Educación ha reiterado que la propuesta de gratuidad en educación superior es uno de los tres proyectos de ley que impulsará este año. Favorecer el acceso equitativo de los jóvenes y la permanencia de los estudiantes con talento que no cuenten con los recursos para financiar sus estudios, debe ser uno de los principales objetivos del financiamiento público. En este sentido, focalizar los recursos en los más necesitados es un aspecto de la mayor importancia al implementar una política pública.
En la actualidad, el sistema de financiamiento estudiantil ofrece becas y créditos que benefician a cerca del 70% de los estudiantes más vulnerables, siempre que cumplan con los requerimientos económicos, exigencias académicas y que estudien en instituciones acreditadas, sin diferencia de su origen o propiedad. Sin embargo, en la actualidad, debido a la diferente representación de los jóvenes más vulnerables en educación superior, hay diferencias e inequidades muy evidentes que perjudican de manera especial a los estudiantes de la educación técnico profesional.
Para dar una mayor efectividad y equidad al sistema de financiamiento, debido a que las becas y los créditos cubren sólo hasta el monto establecido en el arancel de referencia actual, éstos se deben actualizar y analizar en detalle, de manera que reflejen los costos reales de la docencia, conforme los diversos niveles de calidad y complejidad de las instituciones, con el objeto de que correspondan a la calidad del proyecto educativo entregado a los estudiantes.
Así, previo a implementar una propuesta de gratuidad universal como la que se ha sugerido, se debiera avanzar de manera más concreta en los actuales beneficios estudiantiles. Para ello es importante implementar algunas medidas que incluyan a todo el sistema, es decir, a la educación universitaria y a la técnico profesional.
Es vital implementar un Fondo de Becas que cubra el costo real de la educación al menos del 70% de los estudiantes más vulnerables; orientar el sistema de créditos hacia la clase media, hoy con dificultades para acceder a becas; avanzar hacia un único sistema de créditos, similar al actual Fondo Solidario; y mantener las exigencias de acreditación institucional y en las carreras que actualmente son obligatorias.
Otras medidas para asegurar la integridad de este apoyo económico a las familias y a los estudiantes incluyen la cobertura del arancel de matrícula anual; garantizar para toda la carrera las becas otorgadas por el Estado, sin necesidad de presentar una evaluación anual de la situación socioeconómica familiar; ajustar las exigencias y progresión académica para la renovación de las becas; y la implementación de becas que contemplen las reales necesidades de apoyo económico de los estudiantes para su transporte, alimentación, materiales de estudio, y también, en algunos casos, de alojamiento.
Estas medidas van en la línea correcta de apoyar integralmente a los estudiantes que más lo requieren y presentan un mayor sentido de equidad e igualdad de oportunidades que las actuales propuestas de implementación de gratuidad universal.
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