La implementación de la gratuidad en educación superior (ES) ha generado polémica debido a la inequidad y discriminación que significa dejar excluido de este beneficio a un significativo número de estudiantes vulnerables. Más de la mitad de los alumnos elegibles no podrán recibir la gratuidad, mayoritariamente de la educación técnico-profesional (ETP), lo que se debe a la restricción impuesta de pertenecer sólo a un tipo de instituciones. El aporte de gratuidad será definido a través de la Ley de Presupuesto 2016. En las próximas semanas se deberán conocer los detalles de la propuesta ministerial para saber si es posible avanzar en su implementación. Para entender la forma actual de financiamiento de la ES, es importante analizar el informe de la Contraloría General de la República del 2014.
El sistema de ES lo componen 163 instituciones, 60 universidades, 43 Institutos Profesionales y 60 Centros de Formación Técnica, con más de 1,2 millones de estudiantes. La distribución de alumnos es 15,5% en universidades estatales (UE), 11,9% en públicas no estatales (G9), 31% en privadas (UP) y 42,6% en IP-CFT. El presupuesto 2014 de ES fue un 4,2% del gasto total del país: 71,7% asignado a beneficios estudiantiles y 28,3% a las instituciones. Se ha informado que el Estado entregaría un menor aporte a las instituciones estatales, favoreciendo al resto del sistema. Lo anterior no es real y deriva de no comprender la diferencia que existe entre la entrega de aportes a las instituciones y el aporte a los estudiantes.
En el financiamiento estudiantil, las UE recibieron 17,2% de los fondos, comparado con 15,1% para las del G9 y 22,5% para las UP. Estos montos representan becas y créditos que deben ser asumidos por los estudiantes, según las condiciones del Fondo Solidario (sólo para el Cruch) o del CAE, en su mayor parte orientado al resto del sistema. Si se analiza la situación del aporte a los IP-CFT, éste se reduce al CAE y a un monto menor de becas, lo que no se relaciona a la importancia y al número de estudiantes que involucra, dejando a este sector en una situación de menoscabo.
En cuanto al financiamiento institucional, que consiste en el Aporte Fiscal Directo, aportes a la investigación, fondos de desempeño y basales: 55% del total va a las UE, 39% al G9, 4% a las UP y sólo 1% a los IP-CFT. Dentro de las 20 universidades con mayor aporte institucional, 13 son estatales, con grandes diferencias y dispersión en los montos en desmedro de las instituciones pequeñas de regiones. Así también, destaca el bajo monto del fondo de desarrollo regional; sólo un 3% del total del financiamiento global.
Analizar el financiamiento que la nación entrega al sistema de ES, esclarece la realidad e identifica los desafíos que nos presenta el proyecto de gratuidad. El financiamiento estudiantil debe estar centrado en los requerimientos de los estudiantes, de otra manera se equivoca el foco de la equidad e inclusión. El financiamiento institucional debe apoyar la investigación y el aporte cultural a la comunidad, sin diferencia en cuanto a la propiedad de la institución.
Ignacio Sánchez Díaz. Rector de la Pontificia Universidad Católica.
Fuente: La Tercera, sección Ideas y Debates, 24 de julio 2015.
Lunes 27 de julio de 2015.
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