Terminadas las vacaciones en el ámbito de la educación superior, las autoridades, académicos, colaboradores y estudiantes se reincorporan a sus tareas regulares y extraordinarias. Cada grupo posee claridad de lo qué debe hacer y de lo que se espera institucionalmente de cada uno de ellos. Puede que no conozcan el detalle o el plan operacional concreto, pero saben de las orientaciones centrales y de las metas. Sabemos que una institución solo fija objetivos y confía en que sus miembros sabrán con su creatividad y esfuerzo profesional, elaborar planes de acciones afines y eficaces para obtener los logros institucionales demandados. Existe una marcha operacional recurrente que nos permite que sigamos haciendo lo que debemos hacer de acuerdo a nuestro giro educativo; pero también surgen otras tareas y desafíos que son de orden cualitativo y que nos permite ascender y crecer en calidad institucional.
También sucede algo parecido con el país y su Gobierno. En los últimos años hemos presenciado debates multifacéticos en la educación superior sobre temas de alto impacto estructural. Siempre es bueno y razonable preguntarse sobre qué es lo que tenemos y qué debemos mejorar. Luego si deseamos cambiar algo, preocuparnos que el diagnóstico esté claro y lo nuevo que se presente tenga suficiente respaldo técnico y proyecciones futuras favorables para que las autoridades puedan tomar las mejores decisiones posibles. El prejuicio y el voluntarismo siempre son malas compañías intelectuales para poder acertar en las opciones posibles y sensatas.
El país este año discutirá una nueva Ley de Educación Superior. Este tema externo es quizás el más relevante para el sector durante este año. Lo que se converse y apruebe tendrá un alto impacto en la arquitectura y el contenido de la actual legislación vigente. Entre más modificaciones se aprueben, mayor cuidado se deberá tener sobre los efectos futuros deseados y no deseados de las reformas. Lo esperable es que se escuche sin prejuicios, observando las evidencias nacionales e internacionales presentadas, la naturaleza histórica del país, el modo de ser de los chilenos y chilenas, el desapego a intereses grupales egoístas o ideológicos, que exista un sentido profundamente educativo y, por sobre todo, una ley que apoye el desarrollo y bienestar espiritual y material futuro del país.
Existen ciertos principios que cualquier ley que se dicte los debe acoger y apoyar su vigencia y despliegue. Entre ellos nos parece que el respeto a la autonomía institucional que permite la existencia de diversos Proyectos Educativos es bueno para el país porque crea posibilidades reales de existencia real de la libertad académica y de modelos formativos distintos. También es deseable que se apoye de manera creciente el financiamiento de estudiantes que sin ayuda estatal les sería imposible ingresar a la educación superior. Asimismo, desde el ámbito técnico profesional, es hora que se escuche con más interés y voluntad, lo que pensamos muchos profesionales que nos dedicamos a formar estudiantes para desempeñarse en tareas indispensables en miles de empresas.
La educación TP no es de menor nivel en calidad respecto a la universitaria. Sus acreditaciones se lograron bajo las mismas exigencias universitarias y algunas de ellas obtuvieron un reconocimiento importante desde la CNA (con cierta desventaja al no ser evaluada en algunos aspectos acorde a su particular naturaleza). La educación TP tiene aspectos de su esencia que la convierte en diferente a la universitaria. Su vinculación estrecha con el mundo productivo determina en gran medida su oferta académica, competencias y sus modos de enseñar.
Su aporte hoy al país es inmenso, en la medida que cientos de miles de estudiantes se titulan y pasan a los espacios laborales, no como aprendices sino como profesionales, claves para la marcha económica y el desarrollo del país. Por tanto no nos debe extrañar el crecimiento de la demanda que ha tenido en los últimos diez años este sector al punto que hoy supera a las universidades. Esta realidad manifiesta e inobjetable debe ser observada y asumida por las distintas autoridades del país. No puede haber una ley que no escuche lo mucho que pueden aportar todos los profesionales que se desempeñan en el ámbito de la Educación Técnico Profesional. Los estudiantes de este sector serán los más beneficiados y contentos de que sus estudios sean verdaderamente valorados, potenciados y respaldados por la nueva ley de educación superior.
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