En los últimos días ha existido un interesante debate sobre el financiamiento de los estudiantes de la educación superior técnico-profesional (ESTP). La discriminación en el financiamiento de estos alumnos por parte del Estado ha sido histórica. El año pasado, esto se agravó al excluírselos de la gratuidad focalizada al 50% de los estudiantes más vulnerables, a la que sí accedieron los estudiantes universitarios. Desde las primeras propuestas de la gratuidad, hemos advertido de sus dificultades y consecuencias adversas debido a la forma en que se ha implementado, que se ha caracterizado por la improvisación y el desfinanciamiento del sistema. Considerando lo anterior y con las correcciones que esta política pública requiere, la discriminación que conlleva la exclusión de este beneficio de los alumnos de la ESTP requiere una solución impostergable. El retraso da una mala señal sobre la valoración de esta formación y puede desincentivar la matrícula de un área clave para el desarrollo del país.
Para terminar con esta discriminación, el Gobierno ha enviado una glosa presupuestaria que no difiere de la del año pasado, la que tuvo reparos de constitucionalidad. La diferencia esta vez es que se abriría a todas las instituciones con cuatro años de acreditación que, en el caso de la ESTP, estén dispuestas a transformarse en corporaciones sin fines de lucro, lo que las haría elegibles por la gratuidad para sus estudiantes. Es crucial que el Parlamento evalúe con cuidado y detención el término de la discriminación en contra de los estudiantes de la ESTP, en particular en relación con el fin de lucro de algunas instituciones -lo que en la actualidad es permitido por ley-, ya que debe tenerse muy presente el fallo del Tribunal Constitucional del año pasado que recalcaba que no se podía segregar a estudiantes que presentaban iguales necesidades socioeconómicas, en instituciones de similar calidad.
El avance de este beneficio económico para los alumnos más vulnerables de la ESTP es una urgente necesidad para el próximo año. Sin embargo, solo una ley consensuada y bien redactada permitirá implementar una gratuidad focalizada, con recursos adecuados, que sea sustentable y con proyección de futuro, orientada a los estudiantes más vulnerables de la educación superior.
Ignacio Sánchez Díaz. Rector Pontificia Universidad Católica de Chile
Ricardo Paredes Molina. Rector Duoc UC
Santiago, jueves 3 de noviembre de 2016.
Publicado Lunes 7 de noviembre de 2016
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