El Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) crearon un informe sobre los efectos del COVID-19 en la educación superior. Se trata de un documento que fue elaborado para ser un texto de apoyo a autoridades públicas y privadas que deben tomar decisiones en el corto, mediano y largo plazo.
América Latina no había experimentado en los últimos 100 años una pandemia de las proporciones de la actual, aunque claramente tuvo otras epidemias como influenza, malaria, tifus entre otras, y por tanto no se cuenta con evidencia que permita vislumbrar los efectos reales del COVID-19 para el sistema educativo en su conjunto. En el caso de los estudiantes, el impacto más visible es el cese de la presencialidad para sus actividades educativas. Respecto de esta situación no se tiene claridad de la durabilidad y de los impactos en sus aprendizajes, la vida cotidiana, el impacto financiero, etc.
Los docentes también han experimentados efectos en lo laboral y profesional. Pasar de lo presencial a la virtualidad es un cambio significativo. El Informe nos enumera diversas consecuencias y posibilidades ciertas de fragilidad de los empleos. También menciona al personal no docente que lo muestra como el núcleo de colaboradores que puede estar en una condición de mayor vulnerabilidad.
En este escenario, el Informe de la Unesco nos indica que “los países han tendido a limitarse a tres cosas: a) medidas administrativas para la salvaguarda del funcionamiento del sistema b) recursos financieros y c) la puesta a disposición de recursos para dar continuidad a las actividades formativas. Las respuestas institucionales han cubierto, desde el primer momento, distintos ámbitos: el frente estrictamente sanitario, el ajuste de los calendarios, la contribución desde la investigación y el desarrollo a mitigar la pandemia, la garantía de continuidad de actividades formativas por medio de la educación a distancia, y el apoyo en recursos bibliográficos y tecnológicos y también socioemocional a la comunidad universitaria”.
El Informe nos da luces sobre qué se debe hacer para la reapertura de las instituciones de educación superior. Sugiere que se acojan los siguientes principios:
1. “Asegurar el derecho a la educación superior de todas las personas en un marco de igualdad de oportunidades y de no-discriminación es la primera prioridad y, por consiguiente, todas las decisiones políticas que afecten, directa o indirectamente, al sector de la educación superior deberían estar presididas por este derecho”.
2. “No dejar a ningún estudiante atrás, en línea con el propósito principal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. La crisis impacta en grado distinto a los diferentes perfiles de estudiantes, pero es innegable que profundiza las desigualdades existentes y genera otras nuevas”.
3. “Revisar los marcos normativos y las políticas en curso, para asegurar medidas estructurales que entiendan la educación como un continuo donde las trayectorias educativas deben ser fortalecidas desde la primera infancia hasta la educación superior y más allá, para minimizar así la fragilidad de los estudiantes más vulnerables que llegan a la educación superior”.
4. “Prepararse con tiempo para la reanudación de las clases presenciales, evitando la precipitación y ofreciendo, desde el primer momento, claridad en la comunicación a toda la comunidad académica y seguridad administrativa y académica, de forma que profesorado, personal administrativo y de servicios, y estudiantes puedan ubicarse en el nuevo contexto conociendo de antemano las disposiciones, los procesos y los mecanismos diseñados para reemprender las actividades docentes”.
5. “La reanudación de las actividades presenciales de las IES debe verse como una oportunidad para repensar y, en la medida de lo posible, rediseñar los procesos de enseñanza y aprendizaje, sacando partido de las lecciones que el uso intensivo de la tecnología haya podido conllevar, prestando especial atención a la equidad y la inclusión”.
6. “Gobiernos e IES deberían generar mecanismos de concertación que permitan avanzar conjuntamente en la generación de mayor capacidad de resiliencia del sector de la educación superior ante futuras crisis, cualquiera que sea su naturaleza. Es absolutamente imprescindible involucrar a los estudiantes, al personal docente y no docente en el diseño de las respuestas que las situaciones de emergencia demanden”.
La lectura del documento es muy recomendable para la comunidad, porque constituye una seria reflexión que recogió la experiencia de los países latinoamericanos y de sus instituciones de educación superior y de cómo estas están viviendo la pandemia y de cómo se preparan para volver a la nueva normalidad.
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