El actual modelo de títulos de grados vigente proviene de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza en 1990. Debido a los cambios profundos en los últimos años, como lo señala el Informe, respecto al origen socioeconómico y etario de los estudiantes en los últimos años, que la matrícula en educación superior se ha casi quintuplicado, que en 2019 el 47,1% de los graduados de la enseñanza media ingresaron directamente a la educación superior y que la Ley de Educación Superior mandata a la Subsecretaría de Educación Superior a proponer un nuevo sistema de títulos y grados, el Mineduc resolvió iniciar este tema para formular una propuesta al país de cómo actualizar la vigente estructura de títulos y grados.
Esta Subsecretaría le encargó a la Universidad Católica, a través de su Centro de Estudios Avanzados sobre Justicia Educacional, que realizara el estudio que le sirviera de base al Mineduc para presentar su propuesta al país. De acuerdo con el Informe, para esta tarea se analizaron las disposiciones legales vigentes, se entrevistó a actores relevantes de la educación superior y se estudiaron los modelos de Australia, Canadá, España e Irlanda[1], como también los procesos supranacionales de Bolonia y Copenhague para obtener experiencias exitosas de las estructuras de títulos y grados en dichos países y entidades internacionales.
Los objetivos de la propuesta de modificaciones a la estructura de títulos y grados “dicen relación con acciones tendientes a dar mayor claridad al momento del acceso a la educación superior, acciones que dotan de mayor flexibilidad y posibilidades de articulación a las trayectorias formativas, y acciones orientadas a mejorar la inserción en el mundo laboral”. Se trata de que sistema de acceso a la educación superior “adopte una clasificación basada en carreras genéricas, de manera de organizar la oferta de programas en el portal de postulación. Esta organización facilitaría el proceso de búsqueda y elección de carrera por parte de los postulantes, favoreciendo un entendimiento más comprehensivo de las carreras con relación a determinadas áreas de formación, una visión más amplia de la oferta académica y decisiones de postulación más informadas y consistentes” y que no se base como sucede en las universidades por área de conocimiento. Además, su segundo objetivo es “fomentar que las instituciones comprendan su oferta desde el punto de vista del postulante y no exclusivamente desde la perspectiva académica de las clasificaciones disciplinarias o desde el punto de vista organizacional de las facultades que albergan las carreras”.
Las novedades de la propuesta son las siguientes:
a) Que en las universidades exista una admisión especial para titulados de las carreras técnicas de nivel superior. Es decir, que exista una articulación similar a la que ya ocurre al interior de los institutos profesionales y sus carreras técnicas. Por tanto “el nuevo sistema de acceso a la educación superior ofrece la oportunidad de crear una vía de acceso directa para técnicos de nivel superior, quienes, sin necesidad de rendir las pruebas de admisión, podrían postular a carreras profesionales en universidades en áreas afines a las de sus carreras técnicas”. Existirían requisitos previos a cumplir por los postulantes, pero sin duda consideramos que es un avance muy importante.
b) Financiamiento de carreras técnicas vía Sence. Se trata de terminar con la limitación al uso de la franquicia tributaria para financiar carreras técnicas (ley 19.518). Se trata de “permitir el uso de la franquicia tributaria para el financiamiento, aunque sea parcial, del arancel de carreras técnicas”.
c)Ampliar y flexibilizar las trayectorias formativas revisando y actualizando las definiciones legales de los actuales títulos y grados vigentes en Chile. Como sabemos hoy se encuentran en el artículo 54 del texto refundido de la Ley General de Educación, D.F.L N°2 del Ministerio de Educación de 2010. La propuesta cree que se requiere más precisión de los títulos técnicos de nivel superior, del título profesional, de la licenciatura y del grado de magister. En el caso del título técnico propone que lo esencial en estos debería ser “el carácter práctico del plan de estudios, la autonomía de ejercicio asociada a tareas específicas de un área de trabajo y el concepto de área de trabajo como definición del ámbito de dicho ejercicio. Así, se espera que los planes de estudio y metodologías docentes se centren en el aprendizaje a través de la práctica, que la formación sea suficiente para dotar al titulado de autonomía en el ejercicio de sus labores, que esa autonomía alcance a tareas específicas bien delimitadas por el perfil de egreso y que la carrera técnica defina cuál es el área de trabajo en que el titulado podrá desempeñarse”.
Sostiene la propuesta que en el ámbito de los títulos profesionales la definición no reconoce diferencias entre títulos que requieren licenciatura y títulos que no la requieren. Que la actual definición de la ley 21.091 que habla de pensamiento autónomo, crítico y que alude a investigación y formación científica, no aplicaría para instituciones que no tienen por misión investigar como son los institutos profesionales.
En el caso del concepto de licenciatura propone que se requiere revisar su concepto sobre todo para relacionarla con los títulos profesionales que lo requieran. Sostiene la propuesta que “se entiende que los títulos profesionales que no requieren de una licenciatura previa no tendrán como base el dominio de alguna disciplina. En cambio, se sustentarían en el dominio de las aplicaciones prácticas del conocimiento, partiendo de las actividades y problemas propios de un dominio profesional”.
En el caso de un magister, también presentan una actualización para dar la opción de creación de un magíster profesional.
d) Avanzar en la formalización jurídica de las certificaciones de la educación continua. Como señala la propuesta “El art. 54 de la Ley General de Educación no reconoce las certificaciones de la educación continua. No obstante, la educación continua ha creado certificaciones reconocidas, tanto en el ámbito educacional como en el laboral”. Los certificados entregados por las instituciones reconocen, en los hechos, cursos y diplomados.
Proponen que los postítulos posean reconocimiento legal y que la definición de diplomado sea: “una secuencia coherente de cursos de formación técnica o profesional de actualización en el ámbito de la educación continua, impartidos por una institución de educación superior, que tienen como requisito de ingreso la licencia de enseñanza media, un título técnico de nivel superior o un título profesional, según corresponda al nivel del programa de estudio”. En el caso del postítulo y su diferencia con el magíster sería su formación profesional especializada a quienes tienen un título previo. Por tanto “un postítulo sería “un programa de formación especializada complementaria a un título profesional, impartido por una universidad, instituto profesional o establecimiento de educación superior de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad”.
e) Crear nuevas certificaciones como bachillerato, bachillerato politécnico, magíster politécnico y doctorado profesional.
Se propone la creación del grado académico de Bachiller en dos modalidades: “el Bachillerato Politécnico, para las carreras técnicas y Bachillerato, para las carreras profesionales. Los Centros de Formación Técnica podrían ofrecer solo el Bachillerato Politécnico. Los institutos profesionales podrían ofrecer el Bachillerato Politécnico para sus carreras técnicas y el Bachillerato Politécnico o el Bachillerato para sus carreras profesionales, según corresponda al perfil de egreso”.
La propuesta de la Subsecretaría de Educación Superior sostiene que “El bachillerato politécnico sería el grado académico que se otorga al estudiante de una carrera técnica de nivel superior o una carrera profesional que completa un programa de formación general, introductorio a un campo ocupacional determinado. El bachillerato sería “el grado académico que se otorga al estudiante de una carrera profesional que completa un programa de formación general, introductorio a un campo disciplinario determinado”.
Continua la Propuesta de Mineduc expresando “Adicionalmente, con el propósito de ampliar la oferta de formación de posgrado y permitir que profesionales sin licenciatura puedan acceder a este nivel de formación, se propone la creación de un magíster politécnico que podrá ser otorgado solamente por los institutos profesionales. Con un adecuado diseño curricular, los estudiantes de institutos profesionales podrían obtener el título profesional y el magíster politécnico en cinco años de estudios. Así, el magíster politécnico sería “el que se otorga al alumno de un instituto profesional o de un establecimiento educacional de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad que ha aprobado un programa de estudios de profundización en el área de desempeño profesional que corresponde a su título. Para optar al grado de magister se requiere tener un título profesional en el área del magíster politécnico”.
El magíster politécnico ofrece profundización en el área de desempeño profesional que corresponde al título. A diferencia del postítulo que ofrece una especialización, el magíster politécnico se orienta a la profundización del saber profesional. Por otra parte, se propone también la creación del grado académico de doctorado profesional. Y este lo definen como: “el que se confiere por una universidad al alumno que, habiendo obtenido previamente un título profesional en el área respectiva ha aprobado un programa de formación profesional avanzada basado en investigación, que le permite integrar a su práctica el estado del arte de su profesión. Además de la aprobación de cursos u otras actividades similares, un programa de doctorado profesional deberá contemplar necesariamente la elaboración, defensa y aprobación de un trabajo final, consistente en una aplicación original de la investigación del campo a su práctica profesional”.
f) Propone también el Informe revisar las normas de contratación del Estado y “eliminarse de la legislación el concepto de título profesional universitario, que constituye una arbitraria discriminación contra los títulos profesionales de los institutos profesionales y de las instituciones de Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad”.
g) Creación del Consejo de Competencias. Se trata de armonizar y articular la academia con los espacios laborales. La Propuesta expresa que “En consideración de la experiencia internacional, se propone crear un Consejo de Competencias, de carácter público-privado, con representantes de los Ministerios de Economía, Trabajo y Educación, de las instituciones de educación superior, del sector empleador y de los trabajadores, pero coordinado por el Ministerio de Educación, para velar por la traducción formativa de los productos entregados por el Consejo”.
Su tarea esencial será “informar a las instituciones de educación superior y a los postulantes a la educación superior de la evolución de los mercados de trabajo, detectar brechas entre los perfiles de los egresados y las demandas de los empleadores e identificar áreas con sobreoferta de titulados.
La Subsecretaría de Educación Superior al presentar esta propuesta, ha iniciado el debate sobre cómo debería ser en Chile la nueva estructura de títulos y grados. Terminada la discusión y realizados los cambios jurídicos, se iniciaría la implementación de lo definitivamente aprobado. Sin duda, es un avance muy importante y necesario para una modernización en estas materias tan importantes para miles de familias y para el desarrollo del país.
PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE TÍTULOS Y GRADOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR CHILENA
Lunes 5 de julio de 2021
EQUIPO EDITORIAL OBSERVATORIO
[1] Todos estos países poseen Marco Nacional de Cualificaciones lo que les facilita la tarea para sus títulos y grados que se entregan.
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