La Educación Superior y sus actuales exigencias públicas.

La Educación Superior y sus actuales exigencias públicas.

En los últimos cuatro años hemos visto una evolución de cómo miramos a la educación superior en nuestro país. Temas como la calidad comienzan a ser analizados y revisten relevancia desde la perspectiva de la identidad y la reputación de las instituciones, porque ellas deben ser y parecer.

A lo largo de estos últimos años las diversas manifestaciones en las calles, lideradas por los estudiantes, con su actuar y efecto político, llevaron a un segundo plano a los docentes y a los administrativos.

 Las instituciones de educación superior comienzan a ser exigidas en diversos ámbitos, pues la calidad de ellas es analizada en diversas perspectivas, como un bien privado donde a los alumnos y potenciales profesionales les interesa la empleabilidad, el alcanzar ingresos dignos y que sean atractivos, además de  lograr un status social y redes pertinentes.

 Pero también las instituciones tienen la responsabilidad de entregar un bien público en la formación que entregan a sus alumnos, valorando la meritocracia y en la formación del capital humano competente que el país requiere para el desarrollo. Sin embargo, dada la cantidad de instituciones de educación superior, se demanda del Estado una mayor supervigilancia y trasparencia de las instituciones y de la información que ellos recopilan para los grupos de interés.

 Nuestro país debe avanzar hacia una arquitectura institucional que tenga la capacidad de hacer frente a los desafíos del siglo XXI, diversos organismos participan hoy en la educación superior  Mineduc, CNED, CNA  y su impacto no es menor en el entorno de las Instituciones de Educación Superior.

 Por otra parte, nos encontramos con un sistema de aseguramiento de la calidad que está desacreditado a nivel social y que frente a los proyectos de ley que están en el Congreso no se avanza en su  regulación, quedando en poder de la próxima administración la decisión de enfrentar su reformulación. A lo anterior se suma que cada vez se nos presentan desincentivos para la acreditación de carreras. Tenemos por una parte la circular 20 del 21 de agosto del 2013 de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) que exige reformular los procesos de acreditación de carreras, así como el cumplimiento del artículo 25 de la Ley de Aseguramiento de la Calidad que fija  que “durante la vigencia de la acreditación, las instituciones deberán informar a la Comisión, acompañando un informe de autoevaluación respecto de los cambios significativos que se produzcan en su estructura o funcionamiento, tales como apertura de carreras en nuevas áreas del conocimiento, establecimiento de nuevas sedes institucionales, desarrollo de nuevas modalidades de enseñanza, y cambios sustanciales en la propiedad, dirección o administración de una institución.” Estas obligaciones son impuestas a las instituciones de educación superior las que deben responder a las exigencias.

No podemos desconocer que el sistema de educación superior requiere un profundo análisis con cambios estructurales relevantes que van más allá de una reingeniería. Necesitamos discutir este tema con alturas de mira, pero sin proteger los intereses de cada sector, de lo contrario se mantendrán las fronteras y todo seguirá funcionando igual. Se hace imperioso replantearse la LOCE, en particular en aquellos aspectos no modificados por la Ley General de Educación Superior, dada la complejidad del sistema de educación superior con su masividad y que ya tiene en cifra del año 2013 la cantidad de 1.184.805 alumnos, considerándose pregrado, posgrado y postítulo.

 El desafío de este contexto es enfrentar un escenario de mayores exigencias jurídicas, políticas y académicas, entre las instituciones de educación superior y sus alumnos. Entre estos existen los contratos de prestación de servicios educacionales sumado a la reglamentación interna de cada una de ellas. Esto último puede verse afectado si no cuentan con la debida publicidad y los estudiantes pueden considerar que algunas normas internas son abusivas  al tenor de la ley del Consumidor (19.496). De suceder esto, las sentencias de los Tribunales de Justicia pueden, sin desearlo, impactar la gestión de las instituciones de educación superior.

Andrés Pumarino Mendoza

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