El Administrador Provisional de Instituciones de Educación Superior: propuesta gubernamental (Proyecto de Ley Boletín N° 9.333-04)

El Administrador Provisional de Instituciones de Educación Superior: propuesta gubernamental (Proyecto de Ley Boletín N° 9.333-04)

“Crea el administrador provisional y administrador de cierre de Instituciones de Educación Superior y establece regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales”.

 1. Antecedentes  indicados en el proyecto. 

a. La escasa regulación de las facultades del Ministerio de Educación para fiscalizar a las Instituciones de Educación Superior (IES): Normas que las rigen, requisitos de otorgamiento del reconocimiento oficial, la autonomía y el derecho a la educación de estudiantes.

b. La actual normativa no contempla un marco regulatorio de infracciones y sanciones: En el caso de incumplimiento de requisitos, sólo procede la revocación del reconocimiento oficial y el cierre de la institución.

c. La LOCE y normativa posterior, sólo regularon la libertad de enseñanza. Nada respecto de la protección de los derechos de los estudiantes frente a irregularidades de las IES.

d. La necesidad de fortalecer las facultades del Ministerio de Educación, para nombrar un administrador provisional y contar con las facultades que permitan enfrentar situaciones irregulares que ocurran en las IES.

e. Asegurar la continuidad de los estudios de los alumnos, por medio de la protección de sus derechos, ante la eventual revocación del reconocimiento oficial.

f. Que este proyecto recoge lo señalado por las comisiones investigadoras sobre la educación superior que terminaron a fines del año 2013, como asimismo, ha sido sugerida la creación de esta figura por el Consejo Nacional de Educación y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

2. Objeto del proyecto de ley, señalado en el mensaje:

Son tres objetos:

a. Corregir las deficiencias del sistema, que se derivan de una marco regulatorio débil respecto de la oportunidad y forma de desarrollo de los procesos de investigación frente a una gestión deficiente de las IES.

b. Fijar atribuciones expresas que dispongan coercitivamente el cumplimiento de medidas en el proceso de investigación.

c. Crean las figuras del administrador provisional y de cierre de las IES.

d. Perfeccionar los procesos de revocación del reconocimiento oficial.

e. Modificar la ley 20.529, sobre las hipótesis del nombramiento del administrador provisional.

La ley será aplicable a las siguientes instituciones:

  • Universidades
  • Institutos Profesionales
  • Centros de Formación Técnica
  • Otros que se señalan en el artículo 52 del DFL N° 2.

Facultades del Ministerio de Educación y administrador provisional:

  • Dar inicio a una investigación preliminar por resolución fundada, la cual se notifica a los afectados con los antecedentes y se establece un plazo para sus descargos (5 días), pudiendo solicitar la apertura de un término de prueba (máximo 10 días), después del cual el Mineduc dicta resolución de término. Terminada la investigación, el Ministerio puede: Dar por finalizado el proceso; Elaborar un informe con problemas identificados, con recomendaciones para la institución, a fin de que los subsane en el plazo de 120 días con informe al MINEDUC; En el caso que se mantengan los problemas, designa un administrador provisional o de cierre de las IES.
  • Designación del administrador provisional (AP): La adopción de las medida de nombrar un administrador corresponde al MINEDUC, con acuerdo del (CNE)Consejo Nacional de Educación (sesión para ese objeto y mayoría de sus miembros presentes).

Algunos alcances al proyecto de ley desde la perspectiva jurídica:

a. El proyecto de ley apunta por una parte a corregir las deficiencias del sistema, relativa a la oportunidad y forma en que se deben desarrollar los procesos de investigación, objetivo que no se cumple, por cuanto la medida del administrador provisional es a posteriori y para los casos en que el Ministerio de Educación con escasas facultades y personal para fiscalizar, tome conocimiento de determinados hechos.

b. Las figura de un AP a diferencia como lo señala los fines del proyecto, no resuelve los problemas de fondo que se plantean en la Educación Superior, en lo que respecta a la regulación y fiscalización de hechos que son atribuibles a la organización interna y falta de gobiernos corporativos, ni se relacionan con la continuidad en  el derecho a la educación de los alumnos, aunque esta esta figura sustituya a las autoridades de una IES.

c. El proyecto de ley en varios de sus artículos, altera las reglas básicas de las obligaciones que se generan de los contratos respecto de terceros, es decir, alteran los efectos de contratos que ya se encuentran suscritos por las partes.

d. El proyecto hace aplicable la normativa a todas las IES, debiendo distinguir entre ellas la forma en que se encuentran constituidas, porque de lo contrario podrían afectar otros derechos.

e. La figura del administrador provisional debiera enmarcarse dentro de un proyecto más completo, el cual podría ser la Superintendencia de Educación o bien la reforma a las leyes que ya se encuentran vigentes. Se trata de una regulación más en materia de educación que no es sistémica.

f. EL Ministerio de Educación investiga y resuelve en este proyecto, es decir, es juez y parte.

 

Ver proyecto de ley

 

Ximena González A.

Abogada

Prosecretaría General DuocUC

Documento revisado y resumido por Andrés Pumarino 

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