EDITORIAL OBSERVATORIO: El Estado y la educación superior.

Están bastante probadas las debilidades en aprendizajes que traen los estudiantes al ingresar a la educación superior. Este hecho es válido tanto para los alumnos que se incorporan a las universidades como a la ESTP. Por tanto, debemos aumentar nuestros esfuerzos para nivelar a nuestro alumnado para que no fracasen en sus legítimos deseos de obtener un título y una empleabilidad razonable. Y en esta tarea deben trabajar colaborativamente el Estado, las instituciones de educación superior, las empresas y las familias de los alumnos.

Este trabajo requiere avanzar sistemáticamente en políticas, acciones y tácticas que recojan experiencias exitosas de nivelación académica en otros países y que puedan ser aplicadas en nuestro país. Asimismo, es indispensable verificar cuáles son las competencias que se requerirán en el futuro para fortalecer las habilidades y conocimientos que se deben entregar como aprendizajes a los estudiantes. 

No hay duda de que el Estado puede ayudar a lograr estos objetivos académicos si colabora con eficacia con sus políticas públicas. Por ejemplo, en estos últimos años, se han puesto denodados esfuerzos en temas de índole económico con la finalidad de ayudar al financiamiento de los estudios. Es verdad que este tema es crucial, pero también lo son otros aspectos centrales para la evolución exitosa de los estudiantes en la educación superior.  

Debemos reconocer también que el Estado ha avanzado en el aseguramiento de una calidad mínima, que se considera aceptable. Por ello en la década del 2000, en América Latina, se evolucionó desde la medición de procesos hacia una acreditación que apuntaba a medir también la eficacia educativa. Entre los indicadores más reconocidos para medir la calidad (eficacia educativa) que se están divulgando y fiscalizando son: Retención, inserción laboral, tasa de titulación, sueldos logrados, la valoración del mercado de la institución formadora, innovación, infraestructura, docentes calificados y reputados en cada Carrera, levantamiento de competencias con mucha sintonía con las empresas, etc.

También durante algunos años en el pasado el Estado colaboró con la educación superior no solo con medidas de control, sino también con apoyos concretos, incentivos o financiamientos apegado al mantenimiento de niveles de calidad aceptables. En tal sentido, los convenios de desempeño y los incentivos directos al mejoramiento de los procesos, ayudaron desde el Estado a todas las instituciones de Educación Técnica y Profesional. Fruto de estos incentivos, las instituciones pudieron crear nuevos proyectos que aportaron a su desarrollo.

Otro aspecto central es la relevancia que se avance en la transparencia del sistema y que aumente los datos de la ESTP, para mejorar el conocimiento de estas en toda su extensión y profundidad. De esta manera se benefician todos los actores de la educación y, lo que es más importante, creamos un circuito virtuoso de calidad y seriedad en los servicios educativos que se ofrecen en el país.

Por último, dado los avances de la revolución 4.0, es de máxima prioridad que el Estado colabore con políticas, Comisiones de estudio, recursos económicos y normas jurídicas adecuadas a esta nueva realidad emergente. Son tan profundos los cambios que nos trae la inteligencia artificial, la automatización y una serie de avances científicos en torno a la vida humana y su extensión, que las instituciones de educación superior poco pueden hacer si no cuentan con la ayuda de un Estado sensible a estos temas. Sumado a lo anterior, tenemos situaciones nuevas relacionadas al cambio climático, la inclusión, la inmigración, sumado a profundos cambios valóricos que nos anuncian diversidad de verdades, por mencionar solo algunas. Estamos por tanto en el inicio de un cambio epocal, y cuando este se produce, se necesita más unidad y más claridad de focos de las autoridades en todos los niveles.

Lunes 16 de septiembre de 2019

EQUIPO EDITORIAL OBSERVATORIO