¿Cómo se viene la mano? Posibles escenarios futuros de la educación Superior chilena.

Una onda de incertidumbre recorre al sistema de educación superior chileno. Tras el ciclo de protestas estudiantiles de los años 2011-2013, que pareció ensanchar el horizonte de posibilidades, ahora la mayoría de las corrientes y movimientos políticos ofrecen un abanico de propuestas de cambio para este sistema. De hecho, la mayor preocupación de estos días gira en torno a la pregunta sobre qué ocurrirá a partir del próximo año.

¿Habrá una ‘gran reforma’ y, si es así, en qué consistirá? ¿Subsistirán los proveedores privados y, si es así, cuántos y cómo? ¿Firmará el gobierno un ‘nuevo trato’ con las universidades estatales? ¿Quién financiará y cómo la educación superior? ¿Existirá gratuidad  universal? ¿Desde cuándo y bajo qué condiciones? ¿Podrán las instituciones cobrar aranceles, determinar su precio y generar por esta vía excedentes para invertir en su desarrollo? En caso de eliminarse los aranceles, ¿recibirán las universidades privadas su financiamiento del Estado y bajo qué condiciones? ¿Continuará operando un régimen de ayudas estudiantiles (becas y créditos)? De optarse por el camino de subsidiar directamente a las instituciones, ¿se hará de preferencia bajo aportes basales directos o mediante fórmulas, fondos competitivos y conveníos de desempeño? Y, ¿cómo serán determinadas las asignaciones individuales para cada institución? Las interrogantes suman y siguen. ¿Mantendrán los proveedores de educación superior no-universitaria su estatuto de personas jurídicas con fines de lucro? ¿Existirá un tratamiento igualitario entre las universidades miembros del CRUCH? ¿Se terminará con el actual régimen de acreditación y, de ser así, por qué tipo de agencia y mecanismos será sustituido? ¿Cuánto y en cuánto aumentará durante los próximos años el gasto público en educación superior? ¿Se creará un ministerio de educación superior, ciencia y tecnología, o bien una subsecretaría especializada, o se mantendrá y reforzará la actual división ministerial a cargo del sector? ¿Se establecerá finalmente una superintendencia y con  qué atribuciones? Las nuevas  universidades estatales de Aysén y Rancagua, ¿se sujetarán al proceso de  licenciamiento regular o a uno distinto? ¿Y mediante qué procedimientos se establecerán nuevos centros  de formación técnica del Estado? ¿Se convocará una comisión de expertos para definir estas materias o se resolverán mediante una consulta a las comunidades  educativas o a través de conversaciones con rectores y dirigentes estudiantiles? Todas estas preguntas e incertidumbres tienen que ver con la economía política del sistema educativo; con  la organización del régimen de provisión mixta y su gobernanza; con las políticas públicas del sector, así como con las formas de regulación y control de las instituciones. Y son, precisamente, el objeto de esta Clave de Políticas Públicas.

En cambio, este artículo no se hará cargo en esta ocasión  de las cuestiones relativas a la producción, transmisión,  transferencia, gestión, archivo y diseminación del  conocimiento avanzado y a las incertidumbres que en  este plano se plantean al comenzar el siglo 21. Algunas  de estas interrogantes son, por ejemplo: ¿Cómo se harán cargo las universidades de la creciente fragmentación  y especialización del conocimiento y de la necesidad  de una formación general y técnico-profesional para  la población masiva? ¿Cómo cambiarán los modos  de transmisión de conocimientos con las tecnologías  digitales a nivel global, nacional y local? ¿Subsistirán las universidades como las organizaciones nacionales  que monopolizan la certificación profesional?

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Autor: José Joaquín Brunner

          Publicado por Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales.